Volví enferma del trabajo y escuché una llave girar en la puerta. Me escondí detrás del sofá y vi a mi esposo, supuestamente de viaje, echar unas gotas de un frasco sobre mi almohada. Cinco minutos después me escribió: “Sigo en reuniones, cariño”. Guardé la grabación y llamé a la policía, pero el iPad familiar reveló algo mucho peor kara.

Llamé a mi hermana Lucía, que vivía en Coyoacán, y le pedí que recogiera unas cosas mías cuando la autoridad lo permitiera.

Después telefoneé a mi abogada, Adriana Salas.

Mi matrimonio estaba bajo el régimen de separación de bienes, y Adriana llevaba tiempo ayudándome a organizar la participación que heredé de mi abuelo en un fideicomiso inmobiliario.

—No uses la tableta para investigar más —me indicó—.

Ya viste suficiente para alertar a la Fiscalía.

Ahora necesitamos proteger tus cuentas y dejar constancia de todo.

Le relaté el mensaje de Mariana.

Adriana guardó silencio.

—¿Tu esposo sabe cuánto vale realmente tu participación?

—Cree que son unos siete millones —respondí—.

Nunca revisó los estados financieros.

Solo preguntaba cuánto podía sacar.

El valor actualizado rondaba los veintinueve millones de pesos, pero eso no significaba que pudiera retirarlos en efectivo.

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