Fue entonces cuando surgió la segunda verdad.
Durante casi dos años, Ignacio infló gastos, duplicó nóminas y utilizó los nombres de los empleados para malversar fondos. El nombre de Elena Morales apareció en una lista de supuestos pagos de “manutención infantil”, con depósitos que nunca recibió.
“Aquí dice que recibiste una bonificación mensual de 18.000 pesos”, explicó Patricia.
Elena soltó una risa triste.
—Señorita, gano menos que eso en todo el mes.
Rodrigo sintió que le ardía la cara bajo la tinta seca. Estaba firmando informes, confiando en Ignacio, mientras alguien robaba usando el nombre de una mujer que había viajado dos horas en furgoneta.
“¿Por qué no lo comprobé nunca?”, murmuró.
—Porque le convenía creer que su tío estaba vigilando la puerta —respondió Patricia.
Esa frase le dolió porque era cierta.
Ignacio fue citado formalmente. No lo esposaron entre el mármol, como en una novela, pero el caso permaneció abierto por fraude, abuso de confianza y falsificación. Los inversionistas congelaron Valle Esmeralda hasta que Rodrigo demostrara tener el control real.
