“No pienso perder mi tiempo al lado de un hombre discapacitado, dame el divorcio”, exigió mi mujer tirando una carpeta sobre mis piernas. Faltaban minutos para mi operación cerebral. A mis 45 años, entendí todo. En lugar de rogarle, firmé el documento con una calma escalofriante y le deseé suerte. Lo que ella jamás sospechó fue el pequeño detalle legal que yo acababa de cambiar en mi testamento esa misma mañana.

Luego vino el golpe maestro. Recordé que tres años atrás, hartos del robo de diésel, le instalamos sistemas de rastreo GPS ocultos a toda nuestra maquinaria pesada. Víctor era un inútil para la tecnología, jamás se acordó de eso, y yo era el único con las contraseñas del servidor. Abrí el sistema. Ahí estaban. Mis excavadoras, mis grúas, trabajando impunemente en los nuevos desarrollos residenciales de Víctor.

Ana, usando sus contactos de pacientes agradecidos, me consiguió a un abogado, esposo de una niña a la que le salvó la vida. Un litigante corporativo, un tiburón de tribunales. Vio la carpeta que armé, soltó un chiflido y me dijo: “Ingeniero, con estos papeles, no solo lo vamos a dejar en calzones; si no nos regresa todo, lo meto al penal de Apodaca por fraude corporativo y asociación delictuosa”.